Las democracias que supimos conseguir en el continente no se propusieron, de manera generalizada, juzgar a los militares que, a sangre y fuego, habían impuesto apenas años atrás cruentas dictaduras. En algunos casos, las dificultades iniciales provocaron la no insistencia sobre el tema y en otros casos, no hubo siquiera intentos demasiado serios para encerrar a los genocidas. La idea de amnistía, a veces expresada bajo una ley, se instaló en diversas sociedades.
Argentina, con el ejemplar Juicio a las Juntas, fue la excepción a una regla que priorizó la reconstrucción social en base al olvido y una reconciliación desmemoriada. Las patinadas de la Obediencia Debida, el Punto Final y los indultos no pudieron con la fervorosa e intensa movilización social que muchos años después consiguió la inconstitucionalidad de todas esas leyes y decreto. Y los juicios recorren todo el país desde hace varios años como una política de Estado. Con sus deficiencias a cuestas (no es tema de este artículo), pero avanzan. Es innegable.
Nuestro vecino país nos muestra en estos días lo rezagada que, en algunos temas, puede estar una sociedad. Y curiosamente también nos brinda un ejemplo de cómo un núcleo de representantes - legisladores - puede encontrarse un paso adelante. No es una situación muy habitual, por eso vale la pena resaltarla.
¿Cómo evaluar lo que es correcto? ¿Por qué vale más el voto de un pueblo que, por caso, un tratado internacional de derechos humanos? ¿Qué pasa si una sociedad decide expresarse y piensa mayoritariamente que no hay que castigar a los violadores? ¿Hay que aceptar la razón de esa mayoría aunque sea una aberración lo que ese conjunto propugna? ¿O alguien debe poner blanco sobre negro e imponer la interpretación "adecuada" por más que vaya a contramano del colectivo social?
El debate sobre la Ley de Caducidad en Uruguay y su posible anulación abre las preguntas antedichas y origina un sinnúmero de respuestas a esos interrogantes. En la opinión de este cronista, el pueblo uruguayo tuvo la oportunidad de manifestarse en dos oportunidades, separadas por 20 años, y con diferentes márgenes, le dio la espalda a la noción de justicia completa (que significa sencillamente afianzar el simple concepto de justicia). Sin embargo, eso no quita que el Frente Amplio, o más precisamente sus congresales, deben quedarse de brazos cruzados y aceptar ese diagnóstico social. Hay sobrados ejemplos históricos de cómo Parlamentos "aceptaron" los runruneos sociales y los convirtieron en leyes olvidables y regresivas (recuerdo el post-Blumberg en Argentina, por ejemplo).
Los legisladores frenteamplistas del paisito tienen entre sus manos un gran dilema: la tormenta interna que pueda abrirle la puerta a una oposición totalmente desarticulada, al tiempo que "se pelean" con una mayoría social (según las encuestas) que quiere dejar todo tal cual está. Pero por otra parte, su conciencia y evaluación acerca de lo que es correcto puede resignificar la historia de un país que, pese a que su dictadura no se caracterizó por la extrema crueldad de otras, supo tener torturados, desaparecidos y fundamentalmente la ruptura de un orden constitucional que no debió, bajo ningún punto de vista, ser quebrado.
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